Por invitación del Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) en la fase final de la negociación del Tratado de Montevideo 1980, a mediados de ese año me tocó elaborar un estudio con el propósito de evaluar este Tratado, una vez firmado, con énfasis en las perspectivas de las acciones de alcance parcial establecidas como los mecanismos principales de la nueva Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). En este estudio sostenía yo que las perspectivas sombrías de la economía mundial y regional, tanto a corto plazo como para los ochenta, no permitían que los negociadores plantearan los objetivos de la nueva etapa de la integración en términos semejantes a los de 1960 cuando se firmó el primer Tratado de Montevideo. Considerando las condiciones prevalecientes en 1979/80, es decir hace casi cinco años, era menester replantear el objetivo principal de la integración latinoamericana. No se trataba ya de tener un mecanismo que ayudara tan sólo a acelerar el crecimiento económico de la región, sino más bien de establecer mecanismos de defensa contra el peligro inminente y real del estancamiento sostenido de la economía mundial y el estancamiento subsecuente del conjunto de las economías latinoamericanas y de cada una de ellas por separado.